Proponen sancionar con Ley Magnitsky a Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo

Solicitan también castigo para el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y la ministra de Salud, Sonia Castro

Juan Carlos y Laureano Ortega Murillo se encuentran en nueva lista de sancionados que los legisladores estadounidenses presentaran. /LA PRENSA

Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, dos de los nueve hijos de la pareja presidencial integran la nueva lista de cuatro personas propuestos para sanciones bajo la Ley Global Magnitsky Human Rights Accountability, que un grupo de legisladores presentará a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó una fuente en el Congreso estadounidense.

También lea: Ortega dice que Nicaragua dará la batalla en la OEA

Los otros dos nicaragüenses propuestos para sanciones son el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y la ministra de Salud, Sonia Castro. Los cuatro son señalados de corrupción de fondos públicos y violaciones a los derechos humanos.

Una de las firmantes de la carta y promotora de la propuesta es la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que confirmó que presentarán la nueva propuesta de sanciones. “(Estamos) pidiendo a la Administración a que sancione a más abusadores de derechos humanos y corruptos que se han llenado los bolsillos del dinero y la sangre del pueblo nicaragüense”.

Razones

La fuente explicó que Laureano Ortega Murillo es señalado de mal uso de los fondos públicos, ataques a los medios de comunicación independientes y por sus relaciones con China y Rusia.

Mientras Juan Carlos Ortega Murillo es señalado por administrar medios de comunicación que la familia presidencial adquirió a través de la ayuda petrolera de Venezuela, y por uso de fondos públicos.

Puede interesarle: Senadores de EE.UU. presentan propuesta para ampliar sanciones a Nicaragua

El presidente de la Asamblea Nacional, poder del estado dominado por el oficialismo, es uno de los enlistados para sanciones por organizar los grupos de ataque que reprimen a los manifestantes que demandan la salida del poder de Daniel Ortega, justifica la carta.

Mientras que Castro es acusada de ordenar a los médicos la no atención de manifestantes heridos durante las protestas en los hospitales públicos, y por el despido del personal médico que decidió atender a los heridos y que han participado en las protestas, una situación que es considerada como serias violaciones a los derechos humanos.

...

Notas Relacionadas