Ilegalidad contra comerciante acusado de asesinar a quita adoquines

Defensa de comerciante dijo que fue detenido por parapoliciales que no están facultados para hacer detenciones

El comerciante Jaime Navarrete Blandón (derecha) enfrentará el juicio de manera provisional el 3 de septiembre próximo. HOY/Alejandro Flores

HOY

El comerciante Jaime Enrique Navarrete Blandón fue detenido a la 1:00 de l a tarde del 17 de junio de 2018, en su casa en el barrio Santa Rosa, en Managua, según consta en el acta de detención que aparece en la acusación de la Fiscalía, pero no dice quién lo detuvo.

Pero el abogado Róger Alvarado, defensa del comerciante, asegura que a Navarrete lo detuvieron fuerzas parapoliciales, sin estar facultados para ejercer esa función y sin orden judicial, “por tanto el acto de la detención que realizaron los parapoliciales, es un acto nulo”.

Alvarado le hizo saber ayer de ese acto nulo (detención ilegal del comerciante) a la juez Noveno Distrito Penal de Audiencia, Karen Chavarría, y hasta le pidió a la judicial que decretara la libertad del comerciante, porque desde su detención, todo el proceso es nulo.

Pero la judicial no dio lugar a la petición del abogado y mandó a juicio al comerciante, a quien le mantuvo la prisión.

El hecho

La Fiscalía acusa al comerciante Navarrete de asesinar de un disparo en el tórax a Ariel Ignacio Vivas, de 26 años, quien a eso de las 10:00 de la mañana del 12 de junio de 2018, estaba quitando unos adoquines de un tranque, de la rotonda de la Virgen, una cuadra al sur, en Managua.

La defensa Alvarado manifestó que la Fiscalía no presentó ninguna prueba que vincule al comerciante en el crimen que le está imputado el ente acusador.

Señaló que la madre del occiso es una de las testigos, pero esta no vio nada de lo ocurrido en la escena del crimen y, por tanto, no puede señalar al comerciante como el supuesto autor del hecho.

Alvarado expresó que es irracional que la Fiscalía haya agregado como testigos — a última hora— a dos oficiales encubiertos (código uno y dos), cuando el comerciante no está acusado de delitos relacionados al crimen organizado, sino de un supuesto hecho común, que no tiene nada que ver con bandas criminales.

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