Sube la cifra de víctimas por la represión del gobierno de Daniel Ortega

En el informe del 11 de julio eran 351 muertos, en el de ayer son 448

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Otra de las preocupaciones del organismo de derechos humanos es la criminalización y penalización de las personas que participan en las protestas. HOY / Archivo

HOY

Al menos 448 muertos, 2,830 heridos y 595 secuestrados en un período de 98 días contabilizados es la cifra de la represión en Nicaragua y que dio a conocer ayer el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez.

En el informe de la organización de derechos humanos del pasado 11 de julio se contabilizaban 351 fallecidos, es decir, que en los últimos 16 días hay 97 muertos más.

También deploró el recrudecimiento de la violación de los derechos humanos tras las manifestaciones cívicas de la población.

Otra de las preocupaciones de la ANPDH fue la criminalización y penalización de muchas personas que han ejercido el derecho de manifestarse de forma pacífica a partir del 18 de abril.

“Existe una profunda crisis de violación derechos humanos que nos preocupa a la Iglesia católica, a los derechos humanos y a la sociedad nicaragüense en general y que necesitamos prontamente tratar de recuperar esa ansiada paz social que hemos perdido y que el Gobierno del Estado de Nicaragua tiene en una gran mayoría esa responsabilidad”. Álvaro Leiva, secretario ejecutivo ANPDH.

El conteo que hace la ANPDH va entre el 19 de abril al 25 de julio y de las 448 muertes, 49 aún están sin identificar, igualmente registra tres fallecimientos de ciudadanos extranjeros ocurridas en el contexto de las protestas en el país.

La mayoría de las muertes fueron perpetradas con armas de fuego en un 79.6 por ciento. Hay otras causas de muerte entre las que destacan personas calcinadas, acuchilladas, atropelladas y golpeadas. Y un porcentaje mínimo de personas que perecieron porque no contaron con asistencia o negligencia médica.

Paramilitares

El secretario ejecutivo de la ANPDH instó al Gobierno a garantizar a la población su seguridad ciudadana y el derecho a la vida, pues con frecuencia observan que la fuerza pública no está actuando de forma lícita por cuanto han continuado su actuar con los rostros ocultos, “lo que promueve actos ilícitos e impunes, fuera del marco de la Ley”.

Dijo que el Gobierno ha permitido que sigan operando los grupos paramilitares que ejecutan allanamientos, capturas selectivas, torturas y asesinatos. Y con este tipo de actuación persiste entre la población un estado de sitio no declarado.

La violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, dijo Leiva, también ocurre con el incremento de los desaparecidos, por secuestros, que en su mayoría son ejecutados por paramilitares. Muchos de estos casos ocurridos en Monimbó, Masaya, donde denunció se han llevado a familias enteras.

38.84 por ciento de las víctimas eran jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 30 años.

El uso desmedido y desproporcionado de armas de fuego en manos de esos grupos paramilitares y por parte de las fuerzas del Gobierno, también sigue siendo cuestionado por la ANPDH, pues “no (se) justifica ni su utilización ni su portación, porque no estamos en una situación de guerra ni de conflicto entre Estados que motive la portación de esos fusiles de amplio poder de fuego”, sostuvo el defensor de derechos humanos.

Managua registra el 35 por ciento de las muertes ocurridas en el país con 157 casos, seguido de Masaya con 47 muertes.

Población civil
De las 448 muertes ocurridas durante este período la ANPDH reporta que la mayoría corresponde a población civil con 383, otros 40 fueron paramilitares, 24 eran policías y un militar que identificó como Oswaldo Izaguirre, muerto el 24 de junio en una comunidad de San José de Cusmapa, Madriz, cuyas circunstancias no profundizó.

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