Pobladores denuncian robo de vehículos por paramilitares

Los pobladores afectados se acercan a poner la denuncia en organismos de derechos humanos de Matagalpa

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Los pobladores que han sido víctimas de robo se acercan a las instalaciones del Cenidh a denunciar el delito. HOY / Luis Eduardo Martínez

HOY / Matagalpa

Cuatro camionetas e igual cantidad de motos fueron robadas por grupos paramilitares que operan en el departamento de Matagalpa y ahora las usan para acosar a quienes han protestado contra el Gobierno, según denuncias de los afectados ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Asimismo, los afectados han denunciado sus casos ante la Policía y “el miedo de los dueños es que (los paramilitares) vayan a cometer hechos vandálicos, delictivos y después los quieran vincular a ellos”, refirió Omar Castellón, coordinador del Cenidh en Matagalpa.

Los dueños han logrado obtener fotos y videos de sus vehículos usados por los paramilitares, incluso en la ciudad de Matagalpa, y pidieron confidencialidad ante el Cenidh para evitar mayores represalias.

También ha habido cuatro denuncias de particulares a quienes los paramilitares “les han quitado las motocicletas, las han visto circulando en las calles y no han sido devueltas a sus dueños originales”, relacionó el defensor de derechos humanos.

Además, las denuncias contra los paramilitares recibidas en el Cenidh incluyen la persecución contra opositores al Gobierno.

Sin precisar la cantidad, Castellón dijo que en el Cenidh han recibido “muchas denuncias” de personas que “están siendo amenazadas por paramilitares que llegan a sus casas a estarlos asediando a cualquier hora del día… son personas que ellos (paramilitares) consideran que han participado en las marchas o que estuvieron en los tranques”.

Otras denuncias recibidas en los últimos días por el Cenidh incluyen el despido de al menos siete personas que trabajaban para diferentes instituciones públicas en el departamento de Matagalpa, algunas por haber participado en marchas de protestas contra el Gobierno y otras porque se habrían negado a ir a actividades oficialistas.

En algunos de los casos, los ahora exempleados públicos han sido obligados a que presenten cartas de renuncia, lo que se traduce a “un despido simulado”, señaló Castellón.

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