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Organismos de Derechos Humanos denuncian masacres y aumentan los muertos

A raíz de los informes de organismos de derechos humanos, la Fiscalía anunció que investigará crímenes

A la fecha se han verificado 31 fallecidos en el marco de las protestas estudiantiles. La CPDH asegura que son más, que ellos han contado 63. HOY/Foto: Jader Flores.

El número de asesinados en el marco de las protestas estudiantiles aumenta. Los organismos defensores de los derechos humanos ya mencionan con toda propiedad el término genocidio, masacres y delitos de lesa humanidad y se preocupan por las numerosas denuncias de personas desaparecidas.

Álvaro Leiva Sánchez, el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), se presentó este jueves a la Fiscalía de Nicaragua para interponer formalmente la denuncia contra algunos mandos policiales por las muertes.

El documento detalló el contexto en el que se ejerció la denuncia y mostró la lista de 33 personas ejecutadas a nivel nacional: 18 en Managua, cinco en Masaya, cinco en Estelí, uno en Matagalpa, tres en León y uno en Bluefields.

Leiva Sánchez argumentó que la mayoría de estas personas fueron privadas de su vida solamente por “ejercer su derecho humano de protestar y manifestarse libre y pacíficamente”.

Apuntó que dicha cifra no es absoluta y que a corto plazo se realizará una ampliación de la denuncia, “esto para incorporar los crímenes que se van sumando”, mencionó.

Oportunidad

Resaltó que esta iniciativa de la ANPDH le ofrece al Estado de Nicaragua la oportunidad para darle respuesta, persecución, investigación y castigo a los responsables de estas tragedias que han enlutado a todos los sectores de la sociedad.

Manifestó que esta acción es la antesala para comparecer a las instancias internacionales en materia de derechos humanos y por tanto, las autoridades de gobierno tiene un reto histórico, para poder dar lugar a lo que el pueblo está solicitando.

“Pedimos la desaforación del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y destitución de los altos mandos de la Policía Nacional, en caso contrario, no estaríamos recuperando la paz social, la justicia ni la promoción de los derechos humanos”, señaló el jurista.

La ANPDH es el primer organismo defensor de los derechos humanos que presentó a la Fiscalía una denuncia de delitos de orden público.

El documento responsabilizó a 15 comisionados de la Policía por los asesinatos y ejecuciones perpetrados en los últimos días, en contra de ciudadanos inocentes.

Este jueves la ANPDH presentó denuncia contra el Gobierno y altos jefes policiales. Roberto Fonseca
Este jueves la ANPDH presentó denuncia contra el Gobierno y altos jefes policiales. HOY/Foto: Roberto Fonseca.

Acusados

Entre los acusados por la ANPDH están:

La primera comisionada, directora general y jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera.

Comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional.

Comisionado mayor Sergio Gutiérrez, segundo jefe de la Policía Nacional.

Comisionado mayor Juan Valle Valle, jefe de patrullas de Managua.

Comisionado mayor Noel Cruz, jefe del Distrito Cinco de Managua.

Comisionado mayor Vladimir Cerda, jefe del Distrito Uno de Managua.

Comisionado mayor Donald López, jefe del Distrito Siete de Managua.

Comisionado mayor Félix Villarreal, jefe del Distrito Seis de Managua.

Comisionado mayor Norman Castillo, jefe del Distrito Ocho de Tipitapa.

Comisionado mayor Marlon Sevilla, jefe del Distrito Diez de Ciudad Sandino.

De los altos mandos policiales de los departamentos la ANPDH denunció al comisionado mayor Olivio Hernández Salguera, jefe departamental de la Policía Nacional en Masaya.

Comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez, jefe departamental de Estelí.

Comisionado mayor Diógenes Cárdenas, jefe departamental de Matagalpa.

Comisionado mayor Domingo Navas, jefe departamental de León.

Comisionado mayor Luis Manuel Valle Correa, jefe de la ciudad de Bluefields.

 

El secretario de la ANPDH argumentó que la denuncia contra estos jefes policiales se interpuso porque ellos son los que están a cargo de la seguridad ciudadana.

“Ellos tienen que garantizar la vida y no lo hicieron. No pueden poner como excusa el desconocimiento de los protocolos de seguridad”, señaló.

Investigación

Este jueves por la tarde, luego de que la ANPDH anunciara su denuncia, la Fiscalía comunicó en conferencia de prensa que el Ministerio Público iniciará una investigación profunda de los hechos violentos ocurridos durante las protestas estudiantiles.

Inés Miranda, del equipo de la Unidad Especializada contra el crimen, refirió que estas pesquisas estarán bajo la dirección de la fiscal general de la República.

Solicitó el apoyo de la ciudadanía a través de denuncias escritas para iniciar las investigaciones y dar con los responsables. “Recordamos a la población que el respaldo del Ministerio Público es gratuito”, aclaró.

También aseguró que concluidas las investigaciones, la Fiscalía garantizará el ejercicio de la acción penal llevando ante la justicia a los culpables “de estos actos repudiables”.

“No podemos permitir que se siga quebrantando la seguridad ciudadana y la paz social de las familias nicaragüenses”, concluyó la fiscal Miranda.

Las protestas
19 abril: estudiantes se toman la Upoli. Otras universidades se unen a la protesta contra la reforma al reglamento de la Seguridad Social.

20 de abril: capitalinos reúnen víveres para los jóvenes y los trasladan a centros de acopio, como el instalado en la catedral de Managua. La Policía reacciona decomisando productos. Este mismo día, el Cosep convoca a una marcha.

22 de abril: al menos 14 supermercados son saqueados, tras una comparecencia de Ortega. Este mismo día en la noche, Ortega revoca la reforma.

23 de abril: marcha el Cosep y varios sectores de la sociedad civil. Ese mismo día se confirman más de 20 fallecidos.

24 de abril: liberan a los presos por protestas. Los dejan en medio de la carretera de Tipitapa, descalzos y rapados. 25 de abril: más muertos elevan la lista de asesinados y desaparecidos. La Iglesia se pronuncia para ir al diálogo.

Las agresiones de las que fueron víctimas los manifestantes serán investigadas por la Fiscalía. Archivo
Las agresiones de las que fueron víctimas los manifestantes serán investigadas por la Fiscalía. HOY/Foto: Archivo

Siguen hallando muertos

Un padre de familia se sumó a la lista mortal de fallecidos en la jornada de protestas contra el Gobierno. La identidad de la víctima corresponde a Edwin Bismarck Gómez, de 33 años. Gómez habitaba a un costado de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y falleció la noche del miércoles último, en el Hospital Alemán Nicaragüense, en Managua.

Al igual que otras víctimas registradas en las protestas, se desconocen las circunstancias en que hirieron a Gómez, un obrero de la construcción. A los familiares no les proporcionan información y la que dan es limitada. Entregan el cuerpo y nada más.

Impacto de bala

Trascendió ayer que Gómez recibió un impacto de bala la noche del domingo 22. Vecinos de Villa Progreso contaron que Gómez aparentemente abandonó el inmueble para comprar alimentos en un supermercado. En el viaje de retorno a su hogar, los policías atacaban a los estudiantes y aparentemente una bala lo alcanzó. En un vehículo particular Gómez fue trasladado al centro hospitalario.

Era desaparecido

Las horas transcurrieron y como no aparecía, según sus vecinos, su pareja con más de cinco meses de embarazo, empezó a buscarlo y lo encontró casi un día después en el hospital capitalino.

La noche del miércoles, poco antes de las 10:00 p.m. Gómez falleció. La noticia se divulgó y sus vecinos se dispusieron a apoyar a la familia doliente.

Ayer el periódico HOY estuvo en el barrio donde habitaba Gómez y sus vecinos manifestaron su pesar por lo ocurrido. Fue velado la noche del miércoles y a primera hora del día de ayer salieron de la vivienda con rumbo a Estelí donde sepultarán a este obrero de la construcción.

“Era un buen hombre, no se metía con nadie. Trabajaba en lo que le salía, y su esposa vende todos los días repochetas”, manifestó una pobladora del sector, quien no se identificó por temor.

Colaterales

Antes que se hiciera pública la muerte de Gómez, dos cuerpos que pertenecían a personas reportadas como desaparecidas, fueron localizados en la morgue del Instituto de Medicina Legal. Estas víctimas, cuyas identidades corresponden a Kevin Rivas, de 18 años y Marcos Samorio, de 31, fallecieron producto de impactos de bala.

Al igual que Gómez, Rivas y Samorio no participaban de las protestas, pero fallecieron como consecuencia de la revuelta. Hasta el cierre de esta edición, las organizaciones defensoras de los derechos humanos recopilaban información sobre más fallecidos y debido a que la lista de desaparecidos es larga, se les ha hecho difícil establecer un número exacto, aunque creen que puede llegar a 63 o más.

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