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Preocupación por aumento de sicariatos y vendettas como crimen organizado

En los tres meses del año, han ocurrido dos masacres cuyos relatos son de horror. Cuatro fallecieron en ataques despiadados de sicariatos y vendettas

El cuerpo de la productora Reyna Molina Zamora, cuando era trasladado por autoridades policiales tras su asesinato. Cortesía

El cuerpo de la productora Reyna Molina Zamora, cuando era trasladado por autoridades policiales tras su asesinato. Cortesía

La muerte alcanzó a Marisol López mientras desgranaba maíz. Era temprano y en esa labor la acompañaba un hijo y sobrina. Un caso que entra dentro la escala de sicariatos y vendettas que han ocurrido en el país.

Del crimen, los únicos testigos que hay son esos pequeños, que lograron salvarse al buscar refugio en la vivienda, construida con madera rústica y concreto. La propiedad está rodeada de vegetación y árboles frutales.

Los vecinos más próximos estaban a cientos de metros de distancia y se enteraron del crimen por los gritos de miedo que soltó al viento la víctima con ocho meses de gestación.

Marisol no tenía enemigos, pero ese día la atacaron como si los tuviera; le asestaron 15 machetazos en el cuerpo. Su verdugo, Byron Rayo Castillo, de 22 años , recibió un pago por hacerlo. La persona que lo contrató fue su tía, Adela Castillo.

Los resultados de las investigaciones concluyeron que Rayo erró de objetivo. Porque la persona a asesinar era Alba Herrera López, hermana de la occisa.

La enemistad de Adela Castillo —autora intelectual— con Alba Herrera López surgió por un “asunto pasional”.

Herrera López inició una relación sentimental con la expareja de Castillo. Esta entró en celos y planificó el crimen.

El plan no resultó según lo pensado. El día que el sicario llegó por Herrera López, esta no se encontraba en la propiedad.

El joven al observar de espaldas a la mujer la atacó sin piedad. Huyó, pero días después lo capturaron, igual ocurrió con su tía. Este hecho sucedió el 25 de agosto del 2017 en la comunidad Santa Teresa, San José de Bocay, Jinotega.

OTRO CRIMEN

El asesinato por encargo de la joven embarazada no es el único documentado en el país. Ese mismo año, pero en el mes de octubre, una familia falleció acribillada a balazos en una comunidad de Waslala.

Según las autoridades, el móvil de esa masacre fue la venganza. Las investigaciones determinaron que Denis Castillo Reyes pagó a un sujeto de apellidos Zeas Siles, para que buscara un grupo de hombres y ejecutara a los hermanos Marlon y Nelson Rizo Jarquín. La orden también incluía desaparecer a sus familiares.

El 14 de octubre, ocho sujetos armados con fusiles AK-47 y escopetas llegaron a la finca de los Rizo Jarquín, en la comunidad El Varillal, Waslala, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y asesinaron a cuatro personas.

El préstamo maldito

El 29 de diciembre del 2017 un velo de sangre cubrió al primer sector de la comunidad El Martillo, en la Reserva Natural Cerro Musún, municipio de Río Blanco, Matagalpa.
El cafetalero Escoto Garzón y toda su familia fueron asesinados por su peón.

Investigaciones policiales determinaron que ese día Freddy Cruz García, quien apenas tenía dos meses trabajando en los sembradíos de Garzón, llegó drogado a la casa y pidió dinero a su patrón.

Al recibir una negativa, enfureció y lo agredió con un garrote. Luego Adela Guzmán, esposa del cafetalero, quiso defenderlo pero Cruz también le golpeó. Hija y sobrina de los agredidos intentaron escapar. No lo lograron, también fueron asesinadas.

Al ser arrestado, el asesino excusó su delito diciendo que ese día había fumado marihuana. El juez suplente del Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa, César Vargas Mendiola, lo declaró culpable. Fue sentenciado a la pena máxima permitida en Nicaragua, 30 años de prisión.

Más violencia

El 4 de marzo del 2018, dos hombres —uno con vestimenta policial y otro con ropa civil— llegaron a la casa de la señora Reyna Molina Zamora y, sin mediar palabras, uno de los bandidos le disparó en la cabeza.

Posteriormente disparó a otros familiares. Hasta el cierre de esta edición, este caso no ha sido esclarecido por las autoridades.

No hay detenidos, no hay reporte policial. Sin embargo, el robo fue descartado, porque cuando los agresores interceptaron la vivienda solo se enfocaron en matar.

Familiares y vecinos de las víctimas esperan que la Policía capture a los agresores y explique el móvil de una de las agresiones más violentas en los tres meses que lleva de este año.

 

Especialistas: criminales no pueden alegar demencia

Las masacres de casi familias enteras y que han impactado al país en los últimos meses son para la psiquiatra Gioconda Cajina un síntoma de una enfermedad moral social. La especialista advierte que la frecuencia con que criminales han llegado a las viviendas y han matado a varios miembros de una sola familia, unos por dinero, otros por venganza, es un indicativo que algo anda mal en el entorno.

“Apenas estamos terminando de entender un crimen y tenemos que pensar en analizar otro. Causa mucha preocupación”, dice.

Excesos de violencia Para la especialista, sería injusto transferirle a la psiquiatría este problema. “No se puede alegar demencia con todo esto. Hay una explicación más allá de esta especialidad. Es un problema de sociedad”, dijo. “Hay que interpretar esto como una descomposición moral acelerada que lleva nuestra sociedad. Hay mucha violencia contra la mujer, contra la familia, contra los niños. Debemos reflexionar”, recomendó.

El psicólogo Roberto Ordóñez, miembro de la Asociación Nicaragüense para el Desarrollo de la Psicología, señala que lo que está ocurriendo es el uso de la violencia como un mecanismo para solucionar problemas.

“Se usa la violencia para frenar conductas, para convencer a alguien. Y pasa que esto aprendieron de niño y ya adultos recurren a ese mecanismo”, reveló.

Cajina, por su lado, dice que la matanza última, donde una persona contrató a otro para matar a toda una familia por una deuda, explica mejor su punto de vista. “Uno debe preguntarse si los involucrados recurrieron a las instancias legales para ventilar el tema de la deuda y conocer si hubo respuesta al respecto. O preguntarse si no la hubo. Entonces vale revisar bien. No hay locura aquí, hay un claro tema de venganza, odio y desprecio a una persona”, explica.

Ordóñez coincide con la psiquiatra, al asegurar que no se puede alegar locura en una matanza como las que han ocurrido. “Es una actitud, un patrón”, asegura.

 

Defensores de derechos humanos preocupados

Hay un crecimiento de la violencia en Nicaragua, así lo cree Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Expresa que hoy día no es tan cierto que Nicaragua sea uno de los países más seguros de Centroamérica.

“Ya nos estamos acercando al límite y sí es verdad que nuestros vecinos tienen mayores cifras de crímenes, pero hay que ponerse alertas, porque dentro de poco la nación será catalogada como arriesgada a nivel internacional”, refiere.

En torno a las masacres colectivas, Cuevas externa que son el reflejo del ineficaz trabajo del Estado. “Ahora la gente se siente insegura. A pesar de tantos planes educativos, familiares, etc… no vemos resultados, la violencia y la saña siguen creciendo”, detalla apesarado.

Asimismo, destaca que la Policía Nacional no está trabajando a como debería: “No se escuchan a las familias de las víctimas, sabemos que ellos tienen elementos claves para descifrar los casos, encontrar a agresores pero no lo hacen, por eso hay tanto sin resolver”.

El otro detalle que menciona Cuevas es que no es correcto justificar la violencia, llevando a cabo planes de seguridad totalmente drásticos.

“Trato de decir que el Gobierno de Nicaragua está obligado a brindarle seguridad a todos los ciudadanos por igual, ya sean víctimas o victimarios, eso es invariable”, apunta. Opina que es reglamentario que toda medida de seguridad, todo nuevo plan esté creado bajo la perspectiva de los derechos humanos: “Recordemos que no estamos bajo la ley de la selva, somos ciudadanos civilizados y hay leyes, procedimientos para hacer justicia”. deben resolverse “Todos somos iguales ante la ley”, es una de las frases increíble en Nicaragua, según Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El tratamiento que le da la Policía a algunos casos es cuestionable, porque denotan que hay protección para ciertos infractores. “Esto es sencillo. Hay casos que se resuelven rápidamente, pero hay otros que no. Esto se debe al doble estándar y significa que los delitos serán resueltos dependiendo de quiénes sean las víctimas y los victimarios”, explica el jurista.

Carrión muestra su preocupación por este mal proceder de la justicia de Nicaragua: “Hay muchas motivaciones que impiden que un caso se resuelva o no… que si la víctima o el victimario es poderoso, que si tiene influencias gubernamentales, en fin, podemos asegurar que hoy día la ley no es pareja”.

Concluye recordándole a la población que el deber de las autoridades es salvaguardar a todos por igual, pero también castigar sin miramientos. “Todos debemos oponernos a la impunidad”, dijo el promotor de derechos humanos.

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