Policía reitera que todos los muertos en La Cruz de Río Grande eran delincuentes

La Policía en su nota de prensa no detalla cuándo se exhumarán los cuerpos

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lEA vALLE, MADRE DE Francisco y Tania Yuheisi, reclamó los cuerpos de los menores. HOY / Archivo

HOY / ACAN-EFE

La Policía Nacional reiteró ayer que el suceso de La Cruz de Río Grande, en el que murieron seis personas, entre ellas dos menores de edad, en un enfrentamiento armado con el Ejército, obedeció a un intercambio de disparos con “seis elementos delincuenciales”.

La comisionada mayor Vilma Rosa González dio lectura a un comunicado, más de un mes después del suceso, para justificar la actuación del Ejército y detallar lo que, a juicio de la investigación policial, ocurrió aquella jornada.

Según esta nota, el Ejército detectó “la presencia de elementos delincuenciales, a quienes se les dio la voz de alto”.
De acuerdo con la versión policial, los delincuentes respondieron “con disparos de arma de fuego, procediendo los miembros del Ejército a hacer uso de sus armas de reglamento, produciéndose un intercambio de disparos, cuyo resultado es de 6 elementos delincuenciales muertos”.

La investigación también detalló que tres de los fallecidos, identificados como Rafael Pérez Dávila, Francisco Pérez Dávila y Efraín Urbina eran autores de tres asesinatos cometidos en diciembre de 2015 y abril de 2016, robos con intimidación, extorsión a productores, tráfico de drogas y violación.

En la operación también fueron abatidos “otros integrantes de la expresión delincuencial: Francisco Alexander Pérez Valle, Tania Yuheisi Valle y Dominga Pérez Moreno”, de quienes no se facilitan más datos.

Armas

La inspección de la Policía en la escena también determinó como recolección de evidencias “4 fusiles con 18 cargadores, 2 escopetas, 1 pistola, 4 artefactos explosivos, municiones a granel, 6 mochilas impermeables, municiones para fusil y escopetas y 20 libras de marihuana”.

El resultado del dictamen médico forense concluyó que “examinados los cuerpos, causa de muerte, lesiones por arma de fuego”. “No hay evidencia de otro tipo de lesiones”, reza el texto.

Además, señaló que los cadáveres fueron entregados por miembros del Ejército a la Policía, “quien hizo entrega a la Comisión de Pastores Evangélicos y Delegados de la Palabra”.

“La Comisión procedió a sepultarlos ante la ausencia de familiares que los reclamaran y el avanzado estado de descomposición de los cuerpos”, sentencia el documento.

Finalmente, la institución indicó que “habiendo transcurrido el tiempo necesario y por criterios de salubridad pública, procederán a la exhumación de los cuerpos y entrega a sus familiares, garantizando las medidas de prevención epidemiológicas”.

El pasado 30 de noviembre, el coronel Marvin Paniagua trasladó a la Policía la responsabilidad de dar explicaciones sobre el entierro de los seis civiles muertos en el suceso, ante el clamor social en contra de la actuación del cuerpo castrense.

“Nosotros, cumpliendo con las leyes, le hicimos la entrega de esos cadáveres a nuestros hermanos de la Policía para que ellos siguieran las investigaciones”.

“Para que quede claro, nosotros no hemos hecho fosa, nosotros no hemos enterrado a nadie”, negó tajantemente.
Sectores civiles, políticos y religiosos criticaron al Ejército tras este suceso. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, consideró conveniente que el cuerpo castrense explicara la muerte de los dos niños, cuyos cuerpos reclamó su madre.

“Asesinos, entréguenme a mis niños”, gritó Lea Valle Aguirre durante una concentración en noviembre.

Enfrentamiento
El 12 de noviembre, las Fuerzas Armadas definieron este suceso como un enfrentamiento armado con delincuentes. En el presunto enfrentamiento no hubo bajas ni heridos militares.

Las reacciones también han venido del influyente obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez; de la poetisa nicaragüense Gioconda Belli y de la embajadora de EE.UU. en Nicaragua, Laura Dogu.

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