Tratantes drogaban a mujeres

Tres nicas lograron escapar de bares y contactar a las autoridades

5 cuarto los horcones

Uno de los cuartos en los que prostituían a las nicas. HOY/Foto: Cortesía Grupo Nación

HOY/Josué Bravo/Costa Rica

5 cuarto los horcones
Uno de los cuartos en los que prostituían a las nicas. HOY/Foto: Cortesía Grupo Nación

Las mujeres nicaragüenses víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en tres bares propiedad de una familia de León radicada en el norte de Costa Rica, eran drogadas para que mejoraran su rendimiento sexual con sus clientes, según la fiscal del caso, Natalia Álvarez.

Tal testimonio lo obtuvo el Ministerio Público y la policía migratoria de parte de dos nicaragüenses, a quienes la banda desarticulada prostituía en bares de su propiedad ubicados en La Fortuna de San Carlos, según la fiscal; y es parte de las pruebas usadas por el Ministerio Público en el proceso judicial.

“Les daban droga para poder dar de alguna forma la talla con todo el trabajo laboral de índole sexual. Ese día (del allanamiento) se logró incautar bastante droga, cocaína”, añadió Álvarez.

Según la Dirección General de Migración y Extranjería, al ser las 21:00 horas del viernes 2 de septiembre, la policía migratoria en compañía de otras autoridades, realizó tres allanamientos en la zona mencionada, donde se desarticulo una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Los allanamientos se realizaron en el Bar Los Acostados, Bar El Tenampa y Bar Los Horcones, logrando la policía la detención de cinco miembros de dicha organización criminal, todos nicaragüenses y 4 de ellos miembros de una sola familia originaria de León, Nicaragua.

La organización era liderada por dos hermanos de apellidos Rivera Carrión, una de ellos es una mujer naturalizada costarricense de 39 años de edad; y el otro un hombre de 37 años de edad, con cédula de residencia en Costa Rica.

Como miembros de la organización participaban la hija de la líder, de apellidos Rivera Carrión, de 22 años de edad y naturalizada costarricense al igual que la madre; así como dos mujeres de apellidos Hernández Gonzales y Hernández Valle, una de ellas esposa de Rivera Carrión. Ambas se encontraban de modo migratorio irregular en Costa Rica.

En los allanamientos realizados por la Unidad de Investigación de la policía migratoria, detectaron siete personas menores de edad, 5 de ellas hijos de las posibles víctimas de trata. En total la policía encontró 30 mujeres, entre nicaragüenses, ticas y una dominicana.

Cortesía Grupo Nación
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No obstante, la fiscal Álvarez indicó que víctimas de trata de personas se encontraron en los lugares allanados a 11 nicaragüenses, 4 que habían escapado un día anterior, 3 leonesas más que pusieron la denuncia ante las autoridades y una dominicana; es decir, 19 en total.

La fiscal relató que fue el pasado 20 de agosto, cuando tres mujeres nicaragüenses escaparon con ayuda de un cliente, quien las trasladó a San José, la capital.

“La noticia criminis ingresa con tres mujeres de nacionalidad nicaragüense, quienes alertan de que son víctimas de trata de personas en un bar ubicado en La Fortuna de San Carlos; que ellas al comentarle a uno de sus clientes, este decide colaborarles y pactan que al día siguiente él las iba a venir a buscar (al bar) para llevárselas”, explicó la fiscal.

“Ellas narran toda la situación (al 911) y a su vez (los del servicio de emergencias) ponen en conocimiento al Inamu (Instituto Nacional de la Mujer), que a su vez las refiere a la coalición que es la trata de personas. Esta coalición nos informa al Ministerio Público y ahí iniciamos la investigación  con la dirección funcional de la policía de La Fortuna, con los policías propiamente de migración”, explicó la fiscal.

Según Álvarez, la investigación arrojó que los cuatro integrantes de la familia son originarios de León, argumento que usaban contra las victimas para coaccionarlas, indicando que al ser del mismo lugar conocían sus lugares de residencia y a sus familiares.

Entre los relatos, el Ministerio Público conoció que tres de las víctimas fueron contactadas por la mujer de 39 años en el mercado de León, el pasado 11 de agosto, ofreciendo trabajar de saloneras de bar en Costa Rica, ganando tres veces más del salario que podían obtener en Nicaragua, es decir, 320 mensuales.

Como la mujer que las contactó era reconocida por contratar mujeres en León para traerlas a Costa Rica, ellas accedieron a viajar, según los relatos en poder de las autoridades.

La noche de ese mismo día, las mujeres fueron trasladadas de modo irregular por la tratante a Costa Rica en condiciones deplorables, aguantando hambre y sed, pasando por lugares húmedos y pantanosos.

Fiscal Natalia Álvarez. HOY/Cortesía Grupo Nación
Fiscal Natalia Álvarez. HOY/Cortesía Grupo Nación

Una vez que llegaron al norte de Costa Rica, fue recibida por otra de los integrantes de la banda, quien les aclara que han venido a este país no a trabajar de saloneras, sino “como putas”, de acuerdo con el relato obtenida por la fiscalía.

“Ahí mismo (las víctimas) se niegan a realizar la actuación, pero (los de la red) les indican que está bien, que se pueden retirar hasta el momento que les cancelen la alimentación y el traslado invertida en ellas. No les dicen cuánto es la deuda, porque ellas desconocen el monto adeudado, para ellas estar siempre de deudoras y no poder nunca salir”, añadió Álvarez.

Para la fiscalía, los dos testimonios recabados el día de los allanamientos son muy importantes, dado que por el ciclo de violencia que las víctimas sufren, es difícil obtener declaraciones de ellas al momento de la intervención de las autoridades.

Además, según la fiscal, las autoridades hallaron otras pruebas como condones en el área de  cajas de los bares que estaban sellados, pero en el área de supuestas cabinas donde las mujeres ingresaban con sus clientes, había preservativos usados en las esquinas del lugar, afuera de los cuartos y hasta en los basureros que estaban repletos de estos anticonceptivos.

“Eran condiciones infrahumanas, deplorables, suciedad completa. Había también jeringas usadas y paquetes de tratamiento anti influencia de enfermedades sexuales. En el allanamiento se hicieron infiltraciones en donde algunos de los oficiales infiltrados iban a comprar el servicio, entonces logramos decomisar los billetes marcados por un juez antes de la diligencia”, añadió la fiscal.

“Logramos también ubicar anotaciones donde se plasmaba el nombre de las muchachas, la hora de ingreso y salida al acostarse con un masculino, así como también les daban permisos de salir que pagaban el monto que ya teníamos conocimiento que tenían que pagar, toda esa información estaba en el lugar”, agregó.

Según la fiscal, las mujeres indicaron que hacían un cobro de 16 mil colones pro cada servicio sexual (cerca de 30 dólares), pero nada de ese dinero ingresaban a sus bolsillos porque debían pagar la deuda por haberlas traído a Costa Rica.

“Como ellas adeudaban, no podían ganar nada hasta pagar la deuda. Todo el dinero se la dejaba la tratante, además decían que si querían salir del lugar sola tenían que pagar 10 mil colones (cerca de 20 dólares), si salían acompañadas por un cliente 25 mil colones (menos de 50 dólares) y tenían que regresar antes de las 6 de la mañana del día siguiente”, añadió Álvarez.

De todas las supuestas víctimas, la fiscalía solo cuenta con la colaboración de 5 de ellas y de las tres que pusieron la denuncia que podrán colaborar. A todas el Ministerio Público  les tomará un anticipo jurisdiccional de prueba (declaración anticipada) para ser usadas ante un eventual juicio oral y público.

Tampoco todas las supuestas víctimas están siendo asistidas por el estado costarricense, porque ellas así lo prefirieron.

Dos de las mujeres encontradas en los allanamientos, declararon a la televisión local que ellas se prostituían por voluntad propia, sin ninguna coacción de parte de los acusados. El hijo de una de las detenidas, Isaías Rivera, también aseguró que las mujeres alquilaban la cabina como cualquier otro cliente, y que sus servicios sexuales ellas misma los negociaban con los hombres que llegaban a los bares.

A los cinco sospechosos el Juzgado Penal les dictó prisión preventiva. El Ministerio Público aún no termina las investigaciones. Una vez terminada la pieza acusatoria, se presenta ante un juez de etapa intermedio, para definir si eleva la causa a juicio, según la fiscal Álvarez

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