Arresto domiciliar para acusados por protestas

Los detenidos en el caso de Mina El Limón y Chichigalpa ya están en casa

Gustavo Porras, secretario general del FNT dijo “naturalmente el proceso (judicial) continúa, pero la gente va estar unida, la familia va a estar unida”. HOY / Archivo

Gustavo Porras, secretario general del FNT dijo “naturalmente el proceso (judicial) continúa, pero la gente va estar unida, la familia va a estar unida”. HOY / Archivo
Gustavo Porras, secretario general del FNT dijo “naturalmente el proceso (judicial) continúa, pero la gente va estar unida, la familia va a estar unida”. HOY / Archivo

Autor: Rezaye Álvarez

Arresto domiciliario es la nueva medida que tienen ahora los 15 detenidos por las protestas en Chichigalpa, Chinandega, y los 6 detenidos por las protestas en Mina El Limón, León.

En Chichigalpa, la protesta ocurrida a inicios de octubre y protagonizada por la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC), además de los detenidos, dejó daños en la Alcaldía de ese municipio.

Mientras que la protesta en Mina El Limón, que también inició en los primeros días de octubre, fue por el despido de varios líderes sindicales que laboraban en la empresa minera B2Gold.

Según el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, “el comandante Daniel (Ortega), viendo que estamos en la época de Navidad, que es la época de encuentros con las familias nicaragüenses, las tradiciones nuestras, orientó el cumplimiento de una medida de cambio del proceso que se estaba siguiendo”, publicaron medios oficialistas.

Sobre esta orden presidencial dirigida al poder judicial, el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, afirmó que “ahí hay un problema que desnaturaliza la independencia de poderes y hace añicos la Constitución y la institucionalidad, porque ningún juez está obligado a obedecer una orden suprajudicial. El juez debe ser imparcial y solamente obedecer a la ley”.

Confesión

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, aseguró que el cumplimiento de la orden del presidente inconstitucional Daniel Ortega representan “la confesión del sometimiento del poder judicial y todos los operadores de justicia a un régimen inconstitucional, porque además que estamos frente a un gobierno inconstitucional, ese comunicado confiesa una decisión que es inconstitucional, es demostrativa de que está destruida la institucionalidad del país”.

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