Caso Crucitas vuelve a juicio en Costa Rica

El juicio contará con la declaración de 23 testigos.

 

crucitas

 

 

Josué Bravo

Corresponsal / Costa Rica

El caso Crucitas, el fallido proyecto minero a cielo abierto que se desarrollaría en territorio costarricense cerca del río San Juan, vuelve a los tribunales este lunes cuando inicie el juicio en el Segundo Circuito Judicial de San José, contra el ex ministro de ambiente Roberto Dobles y seis ex funcionarios y del consejo consultivo de la Secretaría Técnica ambiental (Setena).

A los siete imputados la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción los acusa del delito de prevaricato en perjuicio de la función pública (dictar acciones contrarias a la ley), por haber sido responsables de emitir permisos ambientales y de un decreto ejecutivo que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto, durante el segundo gobierno de Oscar Arias Sánchez (2006-2010).

Crucitas se ubica en Cutris de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica, a uno 3 kilómetros del río San Juan.  Ahí la empresa canadiense Industrias Infinito pretendió extraer a cielo abierto cerca de un millón de onzas de oro, lo cual generó molestias de ambientalistas en Nicaragua.

Además de Dobles son acusados la ex directora de Setena, Sonia Espinoza; la exdirectora de registro minero de esta institución, Cinthya Cavallini; y cuatro miembros del Consejo Consultivo de la misma: Eduardo Lezama, Jorge Boza, Carmen Cruz y José Corrales.

El juicio se realizará entre el 27 de octubre al 19 de diciembre de este año. Contará con la declaración de 23 testigos.

Los permisos ambientales de Crucitas fueron revocados a finales del año 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), cuya sentencia fue refrendada un año después por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, sepultando de una vez este proyecto.

Ese mismo fallo también anuló el decreto ejecutivo emitido en el año 2008 por el entonces mandatario Arias y su ministro Dobles, que declarar de interés público y conveniencia nacional a Crucitas, le permitió a la empresa minera talar 86.5 hectáreas de bosque protegido por ley.

Arias era investigado penalmente desde finales de 2010 por recomendación del TCA, pero a inicios de mes la fiscalía pidió desestimar la causa en su contra alegando falta de pruebas, debido a que el gobierno de Canadá, país de la empresa minera, no quiso seguir colaborando con el caso.

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